Transcurridos varios años, en los que realicé múltiples proyectos para la empresa dirigida por el “falangista”, así como para otros constructores y promotores de la zona, uno de mis clientes, propietario de una de las empresas de venta de materiales más importantes de la zona, adquirió un terreno en el que se estaba desarrollando un Plan Parcial en “Orihuela Costa”.
Este cliente me citó para que asistiera a una reunión con el entonces concejal de urbanismo de Orihuela, que posteriormente llegó a ser alcalde. Yo por aquel entonces, estaba contratado como arquitecto municipal en Sant Joan d´Alacant, por lo que tuve que pedir permiso para asistir a tan importante cita.
Los terrenos en cuestión, tenían todavía la clasificación de suelo no urbanizable, por lo que en tanto no se aprobara el Plan General que estaba en redacción más de una década, no podía aprobarse el Plan Parcial que se estaba redactando, curiosamente por el ingeniero con el que tuve mi primer contacto para solicitarle ayuda en mi primer Plan Parcial, el del “conejo”.
El propietario del suelo pretendía su venta a un teórico promotor holandés, propietario de un “rent a car” en Torrevieja, siendo la condición para su venta que pudiera construirse lo antes posible, todo ello a pesar de la prohibición para la construcción de viviendas que de su condición de suelo no urbanizable recaía sobre el terreno, al menos en tanto no se aprobara el Plan General y simultáneamente o con posterioridad el Plan Parcial.
Pero aquella condición, no parecía ser impedimento alguno para poder construir las primeras 99 viviendas unifamiliares, al menos para el Sr. Concejal, quien a pesar de mi estupor como técnico municipal y defensor de la legalidad urbanística, daba todas las facilidades para su comienzo, todo ello a pesar de que no había ninguna garantía para la aprobación de los planes en redacción antes de su construcción.
Visto lo cual, nos pusimos “manos a la obra”, o mejor dicho “manos al proyecto” y nos dedicamos casi en exclusiva a proyectar los innumerables prototipos que nos solicitaba el nuevo propietario holandés, que se fundaban en dos o tres modelos que se adaptaban al comprador, conforme se producían las ventas.
Terminado el proyecto, y sin estar todavía aprobados los planes, se procedió a su construcción inmediata, emergiendo los “chalets” como si fueran champiñones en terreno mojado; actuando de manera anárquica y absolutamente descontrolada, ya que existía un constructor diferente para cada 5 o 6 viviendas, por lo que a pesar de visitar la obra cada dos días era imposible controlar adecuadamente, máxime cuando además el proyecto se modificaba continuamente, sin mediar aviso alguno y menos aún autorización para cambiarlos.
En pleno proceso constructivo, se personó la policía municipal de Orihuela en la obra y posteriormente en la oficina de ventas del promotor holandés. Esta última coincidió con una visita mía en la que le instaba al promotor a la paralización de las obras, pues al ritmo que se llevaba en la construcción, estos se terminarían antes de ser aprobados los planes, por lo que se suponía que no iban a disponer de luz ni agua. Todo ello al margen de las posibles sanciones por infracción urbanística que legalmente se podían imponer al promotor, al constructor y a los técnicos.
Ante la negativa del promotor a paralizar las obras, me reuní con la técnico municipal responsable de la disciplina urbanística en Orihuela, quién a pesar de decirle que las obras se estaban ejecutando en base a la “autorización verbal del concejal de urbanismo”, me indicó que (como no podía ser de otra manera) se iba a abrir un expediente de infracción urbanística a todos los implicados, por lo que a la vista de la situación los arquitectos optamos por presentar la renuncia expresa ante el Colegio de Arquitectos, quien a su vez la trasladó a la propiedad y al Ayuntamiento.
Aquello supuso una verdadera “bomba”, sufriendo presiones (incluso a través de abogados) para que retirásemos la renuncia, llegando inclusive a tener cierto temor por nuestra integridad física.
Al final nada nos pasó a los arquitectos, pero sí al aparejador, quien entendía de manera errónea que la infracción urbanística afectaba solo a los arquitectos y no renunció a la dirección de las obras, recibiendo 99 correos certificados conteniendo las correspondientes notificaciones de la infracción urbanística. Ante el miedo que aquello le produjo, le tuve que poner en contacto con el entonces secretario del Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant para que le asesorase adecuadamente.
A partir de entonces, dejé de trabajar en la zona de Torrevieja, apartándome de las corruptelas y mafias, y sobre todo de la mala “praxis constructiva” propias de la zona.
Creo que con ello supe anteponer mis principios éticos y profesionales frente a los intereses económicos, ya que a pesar de que perdí la posibilidad de poder desarrollar proyectos para más de 1.000 viviendas, pude dormir tranquilo. Por cierto que el promotor creo que acabó en la cárcel.
Juan Carlos MAJÁN GÓMEZ, arquitecto
Vaya vaya con la mafia!! He disfrutado mucho leyendo estás historias tan curiosas. Espero que sigas escribiendo, es seguro que de esto se aprende.
Enhorabuena!!!
Ya estoy en ello, gracias.